Bancos estatales dejan la Asociación Bancaria

El Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica anunciaron “inmediata e irrevocable nuestra renuncia a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)”.

La decisión la toman tras la aprobación en primer debate del proyecto de ley 23.908, Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, por parte de la Asamblea Legislativa, con la cual los bancos serán los responsables en caso de estafas.

“Esta decisión obedece a una profunda preocupación institucional y un serio quiebre de confianza, provocado por las manifestaciones públicas emitidas por la vocería de la ABC”, indicaron las entidades bancarias.

Y es que justamente la Asociación en un inicio calificó de “balanceado y justo” así como de un “avance significativo”, por lo que se interpretó que había un apoyo del sector a la iniciativa de ley, lo cual no es así ya que según las entidades que ahora renuncian tras análisis técnicos, serios y responsables, tiene implicaciones negativas directas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y, paradójicamente, para la protección efectiva de la ciudadanía.

Según estos tres bancos, algunas de las debilidades son:

- El proyecto adolece de contradicciones serias que generan un desequilibrio, violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad.

- Es arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, siendo confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica.

- La asignación objetiva y amplia de responsabilidad a las entidades financieras, incluso en casos donde la sustracción de recursos deriva de la acción de terceros criminales altamente organizados, sin una adecuada ponderación del comportamiento del usuario ni del nexo causal.

- La omisión del concepto de culpa grave, elemento indispensable para preservar un equilibrio razonable entre derechos y deberes, y para evitar incentivos perversos que terminen favoreciendo el fraude.

- La ausencia de responsabilidades claras y efectivas para los verdaderos perpetradores del delito, trasladando el peso económico, operativo y reputacional a las entidades financieras, sin atacar el núcleo del crimen organizado.

- El riesgo de incremento en costos sistémicos, que inevitablemente se trasladan al conjunto de los usuarios, afectando inclusión financiera, tarifas, acceso al crédito y sostenibilidad del sistema.

- La generación de inseguridad jurídica, al introducir regímenes de responsabilidad que se superponen o contradicen marcos ya existentes y consolidados.