Nueva ley sobre estafas, esto es lo que cambia

La Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en segundo debate el expediente 23.908 que busca dar mayor protección a las personas que son víctimas de fraude teniendo su dinero en un banco.

Con el apoyo de los 14 legisladores presentes, este proyecto de ley que impulsó el diputado liberacionista, Óscar Izquierdo, ahora pasará a Casa Presidencial para su respectiva firma y publicación en La Gaceta.

“Viene a proteger a los costarricenses contra los fraudes, es enorme la cantidad de personas que se han visto afectadas por los fraudes, ahora esperemos que con esta ley que se aprueba hoy los bancos asuman la responsabilidad, blinden de verdad sus sistemas y eviten que haya fraudes”, expresó el legislador tras la aprobación.

Específicamente uno de los cambios más relevantes es la inversión de la carga de la prueba. Esto significa que cuando ocurre un fraude, quien tiene la información técnica necesaria para esclarecer lo sucedido —como los registros digitales, las bitácoras, los sistemas de autenticación y la trazabilidad de las transacciones— debe aportarla para el análisis del caso.

Además no establece devoluciones automáticas ni elimina la investigación de los hechos. Cada situación deberá analizarse con base en evidencia técnica, manteniendo además el deber de cuidado de las personas usuarias y contemplando exoneraciones cuando corresponda.

Izquierdo destacó que las personas víctimas de este flagelo “ya no tienen que pasar por ese camino tortuoso, doloroso, de tener que demostrar que ellos sí tenían los recursos en ese banco, de tener que demostrar que fueron estafados, ahora le corresponde al banco las revisiones internas para asegurarse de que las cosas son como estaban establecidas y así evitar además los fraudes que eso es lo más importante para nosotros”, agregó Izquierdo.

Este tema justamente la semana anterior provocó que los tres bancos estatales renunciaran a la Asociación Bancaria Costarricenses y expresaran su malestar por la aprobación de la ley.

Los fraudes electrónicos en Costa Rica han crecido de forma acelerada, con un aumento aproximado del 668% entre 2020 y 2024, lo que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para las personas consumidoras.

La aprobación de esta ley busca equilibrar la relación entre las personas usuarias y las entidades financieras, reforzar los estándares de custodia del dinero y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema financiero.